En 1997 el gobierno conservador aprobó una política de "tres strikes", que impuso una pena mínima de siete años para los condenados por tercera vez del tráfico de drogas que involucra drogas de clase A. Poco después, el Partido Laborista aprobó una ley que permitía a los jueces para reducir las condenas en los casos que encuentran para ser injusto.
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